El mercado tiene sus leyes, pero el derecho positivo tiene las suyas y son de cumplimiento obligatorio
Las leyes del mercado son las leyes del mercado, ese lugar con cierta invisibilidad para algunos y mucha visión para otros, pero las leyes del derecho positivo son para todos y son de cumplimiento obligatorio.
Esto tiene que ver con la necesidad de que en nuestra provincia rionegrina no se deje de lado legislación que ha sido consensuada y acordada por diversos sectores políticos y, sobre todo, por los interesados desde el punto de vista social y productivo como lo son las normas que regulan la transparencia y la Contractualización frutícola.
Existe un proyecto del oficialismo provincial que presentan legisladores de JSRN para revisar leyes como la 3611 y la 3993 que precisamente se ocupan de garantizar cierto equilibrio para los productores primarios ante otros jugadores más poderosos del mundo frutícola.
¿Para que revisarlas? Es una atinada pregunta que nos hacemos. Estas leyes brindan, en caso de aplicarse con responsabilidad, un nivel de mayor equidad dentro del propio mercado frutícola y permiten una más justa distribución de la renta dentro de la cadena de valor
Obvio, que estas supuestas ventajas para el productor primario, verdadero hacedor de la riqueza frutícola de nuestro Alto Valle, han molestado a otros niveles empresariales, poseedores de una mayor presencia infraestructural y gran capacidad de lobby político y ya han sido cuestionadas, observadas e incluso se presentaron acciones judiciales solicitando su derogación.
No está de más destacar que ya hace cerca de 7 años un fallo del Superior Tribunal rionegrino las consideró no solo con completa aptitud constitucional, sino que alentó su utilización para los casos de precios de referencias fijados por la Mesa de Contractualización (Ley 3993) y su validez para la liquidación de contratos de fruta en donde su precio no haya sido determinado.
Estas dos regulaciones legales que el gobierno provincial, a través de sus legisladores, pretende poner en revisión, son importantes para asegurar valores de producción a los medianos y pequeños chacarero, al tiempo que no tienen motivo alguno que configuren algún perjuicio para otros sectores como los más concentrados de la economía frutícola.
Una vez más, impulsado por ciertos agentes poderosos de la economía valletana ligados a la fruticultura, sobre todo en su fase exportadora, se intenta poner en duda la vigencia de esta legislación correcta y que equilibra sectores de disímil poder, lo que hace más transparente, honesto y justo el negocio de la producción y comercialización.
Sumamos nuestra voz al pedido de muchos productores y de varias de sus organizaciones para que el gobierno provincial no aliente la eliminación de estas normas que el propio Estado rionegrino sancionó en defensa de uno de sus sectores más necesitados y que esto lo haga público haciendo retirar a sus representantes en la Legislatura el proyecto en cuestión.
Osvaldo Nemirovsci – Raúl Martínez – Natalia Olivero – Domingo Vallejo – Paola Bonomo
