La elección de convencionales en Bariloche admite varias lecturas. Desde medir fuerzas para próximas votaciones, o un debate instrumental: bancas en el Concejo, viceintendente o circuitos electorales hasta priorizar la defensa ambiental y económica del Cerro Catedral o buscan resolver desde la Carta Orgánica Municipal (COM) problemas del gobierno local en su faz ejecutiva y legislativa.
Todo eso tiene peso y es importante. También lo es, una mirada holística para que la COM sea ante todo herramienta institucional que ordene la legalidad para resolver la vida cotidiana, aliviar urgencias vecinales y garantizar que los sectores más desprotegidos integren un modelo de ciudad con justicia social y equilibrio.
No menos del 60% de los vecinos despliega a diario complejas estrategias de subsistencia para llegar a fin de mes. Reescribir nuestra norma fundamental no puede limitarse a una contabilidad estadística del daño social. Debe transformar las condiciones estructurales de la desigualdad. Frente a esa vulnerabilidad, el Estado municipal no debe ser un espectador distante. Su presencia debe ser concreta, efectiva y estar expresada con claridad en la COM.
El sufrimiento cotidiano de miles de barilochenses se manifiesta en humillación burocrática y pérdida sistemática de tiempo. Para un trabajador, perder una mañana en una dependencia implica no cobrar la jornada. Para una madre, significa dejar a sus hijos menores al cuidado de otros solo para pedir un turno médico o hacer un trámite presencial. Hay avances puntuales en el Hospital Zonal con tecnología para turnos, pero la exigencia de presencialidad y la lentitud estatal siguen siendo una afrenta. A esto se suma el transporte público, factor de mayor desgaste personal y económico para los barrios periféricos. Trasladarse entre las zonas altas y el centro, o al Centro administrativo en Onelli, expone a costos, riesgos e incertidumbre, y profundiza una segregación que no afecta a los sectores de mayor poder adquisitivo.
Aunque salud, educación y seguridad son provinciales, el Municipio tiene margen decisivo para mejorar la vida comunitaria. La nueva COM debe contemplar la implementación obligatoria de gobierno abierto y gestión a distancia. Debe prever unidades operativas informatizadas en los barrios, con lo básico de una PC o celular y personal de asistencia en horarios determinados, que ni siquiera debe ser todos los días, para resolver en minutos trámites que hoy demandan jornadas enteras: subsidios, turnos para Personas con Discapacidad y certificaciones municipales en el propio entorno vecinal.
También debe establecer condiciones de tránsito, control del parque automotor y obligaciones de las concesionarias de transporte, definiéndolo como servicio público esencial y estratégico, con cobertura territorial garantizada que impida suprimir frecuencias en periferia y evite barrios desconectados. Esas pautas deben tener rango de exigencia permanente, para que ninguna gestión vulnere derechos de usuarios.
Asumir este compromiso exige reconocer el mapa de la desprotección y validar la dignidad de cada habitante en estricta igualdad. La realidad muestra una ciudad fragmentada, con escasa vinculación entre sectores y sin normas que promuevan cercanía o destino común. No se trata de que una regla borre automáticamente desigualdades, sino de fijar en la COM el mandato explícito de crear sentido de comunidad, fortalecer la solidaridad y defender la dignidad humana como punto de partida para una transformación profunda.
La preservación y desarrollo del Cerro Catedral es un activo valioso para el turismo y la economía local, pero miles de familias trabajadoras, aun vinculadas indirectamente al turismo, tienen urgencias que pasan por otros ejes. Esto no significa no blindar en la COM al Cerro para que no se convierta en mero lugar de inversiones y exclusividad que modifique sus calidades ambientales y de uso para los barilochenses, sino que esas otras necesidades también deben incluirse.
El texto debe incorporar cláusulas protectoras sobre bienes comunes, definir modelos de construcción y ordenamiento urbano, y garantizar espacios de esparcimiento y acceso a la naturaleza para sectores de menores recursos. Estos principios no pueden quedar librados a la decisión circunstancial de un Intendente, a mayorías ocasionales del Concejo ni a consejos asesores, sino ser mandatos de cumplimiento obligatorio.
La fragmentación social deteriora la convivencia e impacta negativamente en el desarrollo económico. Una ciudad integrada, con relaciones eficientes y solidarias, genera mejores condiciones para todos e incluso permite crecer en su economía.
La estratificación social no se corrige mediante las fuerzas de un supuesto mercado libre, sino a través de la regulación normativa orientada al interés general.
La COM trazará el rumbo institucional para los próximos veinte años, en un tiempo marcado por la aceleración tecnológica, digitalización e inteligencia artificial, cuando gran parte de la población carece de conectividad adecuada. Definir cómo se acorta esa brecha es puntualizar el modelo de comunidad.
Quienes sostenemos que la política es instrumento válido para justicia social, equilibrio colectivo y bienestar ciudadano, no podemos renunciar a plasmar estos principios en la ley suprema del Municipio. Reformular la presencia del Estado local en las periferias implica sanear estructuras, limitar el personalismo gubernamental y sentar bases materiales para que la mayoría viva mejor.
Esto es un mandato a considerar de la nueva Carta Orgánica de San Carlos de Bariloche.
