La administración de Javier Milei ha convertido la provocación sistemática en su principal herramienta de gestión, un rasgo que se asemeja más a los berrinches de una adolescencia inmadura que a la conducta responsable de estadistas.
Sin embargo, lo que se presenta como una «batalla cultural» irreverente es, en realidad, un ataque frontal que hipoteca el presente y aniquila el futuro en áreas fundamentales para la dignidad humana.
La frialdad de los titulares de algunos medios, lo confirma: “Con una recaudación fiscal en caída libre producto de la recesión autoinfligida, el Poder Ejecutivo profundiza su ofensiva recortando, una vez más, las partidas presupuestarias en salud, ciencia y obra pública”
Este desfinanciamiento no es un simple ajuste contable; es una sentencia de deterioro para el sistema sanitario. Los hospitales públicos, ya asfixiados, pierden prestaciones vitales, condenando a quienes dependen exclusivamente de la salud estatal a tratamientos interrumpidos o deficientes. Mientras tanto, el personal sanitario, médicos, técnicos y enfermeros que sostienen el sistema con el cuerpo, asiste a la licuación planificada de sus salarios, viendo cómo su calidad de vida y la de sus familias se desintegra frente a una indiferencia oficial que roza el sadismo.
La ciencia y la educación quedan bajo fuego con este nuevo recorte del presupuesto. Es un axioma global que ninguna nación puede aspirar al desarrollo sin el respaldo de la validación científica aplicada a la vida cotidiana. En Argentina, este ataque es doblemente criminal si se considera que el 70% de la investigación científica es producida por docentes universitarios. Este colectivo se ha transformado en el sujeto social más castigado por el régimen: la desactualización salarial no solo es vergonzosa, sino que ha cruzado el umbral de la supervivencia. Estamos presenciando el desmantelamiento del capital intelectual del país, una fuga de cerebros forzada por el hambre y el desprecio gubernamental hacia el conocimiento.
El abandono en obra pública infraestructural muestra que en casi tres años de gestión, el «experimento» libertario ha logrado una marca histórica de parálisis:
- Cero escuelas construidas.
- Cero hospitales inaugurados.
- Ni un solo metro de ruta nacional asfaltado.
- Abandono total de la red ferroviaria
La nueva poda presupuestaria no hace más que ratificar un «estilo» de gobierno que deja que la infraestructura nacional se caiga a pedazos. Para Milei, Caputo y Sturzenegger, el mantenimiento de lo público es un gasto innecesario.
Bajo este dogma, las rutas argentinas se han transformado en trampas mortales, donde el riesgo de accidentes fatales ha dejado de ser una variable estadística para convertirse en una realidad posible y sangrienta.
La crueldad como política de Estado, define a este trinomio económico-político que gobierna Argentina. No existen apremios éticos ni malestares espirituales en su mesa de decisiones cuando se trata de desproteger a los más vulnerables. Existe una animosidad patológica, más cercana al diván del psicoanalista que a la discusión política, contra los pacientes oncológicos, las personas con discapacidad y la juventud que estudia.
La carencia absoluta de empatía se traduce en una visión del Estado que ignora que el país requiere edificios escolares dignos, universidades con presupuesto para funcionar y hospitales nacionales con insumos básicos.
Mientras el gobierno celebra el «superávit» financiero sobre el cementerio de la obra pública, los jubilados y la salud, la sociedad argentina queda presa de una administración que desprecia la vida y exalta el abandono como si fuera una virtud moral.
Cae de maduro por su obviedad, que es legal, éticamente necesario, espiritualmente obligatorio y un deber político, que esta forma de gobierno finalice cuanto antes.
