Publicado en LaPoliticaRioNegro.com
El reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York sobre la expropiación de YPF representa un hito en la historia jurídica argentina. No es producto del azar ni de una sintonía ideológica coyuntural, sino de una de las pocas y verdaderas políticas de
Estado que ha logrado sostener nuestro país. Durante más de una década, la Argentina mantuvo una estrategia procesal firme, profesional y coherente, defendida por abogados locales y el prestigioso bufete Sullivan & Cromwell en EUA, atravesando gestiones de signos políticos opuestos.
La sentencia ratifica un principio fundamental que la defensa argentina sostuvo desde el inicio: la Ley de Expropiación de 2012 es un acto soberano de utilidad pública que prevalece sobre los estatutos privados de la compañía. Este argumento, impulsado originalmente durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y defendido con solvencia por los procuradores del Tesoro Carlos Zannini (FPV) y Bernardo Saravia Frías (Cambiemos), fue la piedra angular que permitió desarticular la pretensión del fondo buitre Burford Capital.
En los tribunales internacionales, la firmeza y la persistencia en los argumentos originales son activos invaluables. Argentina no zigzagueó; sostuvo que el proceso expropiatorio se ajustó a la Constitución Nacional y que el Estado no actuó como un socio comercial común, sino como una entidad soberana ejerciendo sus facultades legales. Los jueces neoyorquinos finalmente validaron que la ley argentina es la que rige el proceso, desestimando la indemnización astronómica e inventada de 16.000 millones de dólares.
Resulta paradójico, y políticamente irresponsable, que el presidente Javier Milei celebre hoy este fallo como un triunfo propio. Durante años, tanto él como su entorno fueron críticos feroces de la recuperación de la petrolera, calificando la acción expropiatoria de «perversa» y «ladrona». Al gritar hoy que «la expropiación es un robo», Milei no solo falta a la verdad histórica del proceso judicial, sino que ofrece «música celestial» para los oídos de Burford Capital. O las declaraciones ineptas e innecesarias de María Ibarzabal (Secr. Legal y Técnica de Milei) diciendo que “la relación de Milei con Trump tuvo una relevancia fundamental en el fallo”
Y es tanta la contundencia jurídica del fallo de la Corte de Apelaciones que no se precisa ser amigo de Trump para lograr algo así. La aplicación del concepto de que la Ley expropiatoria prevalece sobre cualquier planteo de accionistas es muy contundente y eso es lo que siempre sostuvo Kicillof y es lo que atacaba Milei, que inocultablemente quería que ganen los buitres y aún hoy les da argumentos para una posible apelación ante la Corte Suprema de EUA
En el derecho estadounidense existe la figura de la Admission: si un Jefe de Estado declara públicamente que un acto de su propio país fue ilegal, esa confesión puede ser utilizada por los demandantes para revertir fallos favorables en instancias superiores, como la Corte Suprema de EE. UU. Asimismo, la doctrina del Estoppel (teoría de los actos propios) nacida del derecho anglo sajón e impuesta en todos los tribunales de la Unión Europea prohíbe que un Estado actúe de manera contradictoria o engañosa en el escenario internacional. Las diatribas de Milei son una munición pesada que los fondos buitre no dudarán en disparar contra los intereses nacionales.
La contradicción del oficialismo es flagrante. Mientras el gobierno festeja el ahorro de miles de millones de dólares, mantiene en sus filas a figuras que lucraron o militaron activamente en favor de los demandantes. Un caso paradigmático es el de Alejandro Fargosi, actual diputado del oficialismo, cuyo estudio jurídico representó a Burford en litigios contra el Estado (como el caso Aerolíneas Argentinas).
Es incomprensible que dirigentes de La Libertad Avanza y el PRO insistan en la supuesta «ilegalidad» de la expropiación cuando es, precisamente, la legalidad del acto lo que acaba de salvar al erario público de una quiebra técnica. Sostener ese discurso es, en la práctica, trabajar para la contraparte.
Más allá de YPF, este fallo genera una armadura jurídica vital para otros frentes abiertos, como los juicios por los Cupones PBI en Londres o reclamos ante el CIADI. Al reconocer la «utilidad pública» y la potestad del Estado para legislar sobre activos estratégicos por encima de contratos privados, se eleva la vara para cualquier «aventurero» financiero que pretenda litigar contra el país.
En definitiva, Argentina ha logrado una victoria soberana gracias a la profesionalidad técnica que trascendió la grieta. Ignorar este esfuerzo colectivo de más de diez años para intentar capitalizarlo individualmente es un acto de ceguera política; peor aún es poner en riesgo el resultado final con retórica entreguista.
Hoy Burford perdió en un día el 70% de su valor de mercado en Wall Street. Sufre Fargosi la perdida de honorarios futuros. Pero sigue siendo un Caballo de Troya en el Parlamento argentino.
Tengamos cuidado con la arremetida de los buitres, que seguramente buscaran revancha.
