Publicado en diario El Tribuno de Salta
Las grandes plataformas digitales ahora dictan justicia. Hoy censuran a un líder violento y antidemocrático, pero mañana pueden hacerlo con líderes democráticos y pacíficos. La libertad de expresión es la posibilidad de decir, escribir, leer y publicar todo lo que quieras. Toda clase de ideas, opiniones y puntos de vista merecen expresarse en público. La libertad de expresión es un puntal de los derechos humanos.
Se pueden tener las más calificadas aprensiones sobre Donald Trump. Y muy probablemente las peores consideraciones sobre su gobierno y su personalidad sean correctas. Es más, no estaría mal como enseñanza histórica para el futuro, que lleven adelante el juicio político aún después de haber dejado el cargo.
Todo esto lo colocamos en un lugar del análisis, pero en otro observamos con cierto escozor y considerando también como peligroso que empresas privadas, como las grandes plataformas digitales Twitter y Facebook, se autoadjudiquen calidades judiciales y bloqueen las cuentas de Trump impidiendo el acceso del presidente a sus redes, y por ende privando a millones de norteamericanos de conocer, mediante esos importantes y masivos instrumentos, lo que piensa su principal referente.
Es lógico preguntarse ante esto si lo que están haciendo Twitter y Facebook los coloca ante su definitivo rol de medios de comunicación de nuevo tipo y los aleja del pretendido sentido neutro y meros intermediarios de contenidos. Acá, en este caso, parecen opinar sobre lo que postea Trump, es claro que se meten con los contenidos y es visible que eligen censurar. O sea que consideran a una opinión (tal vez crispante, bestial, violenta) pero opinión en sí, como un delito. Pero, no son jueces para hacerlo y sientan un «extraordinariamente amenazador» precedente en el campo de las libertades públicas y los DDHH.
Si lo que Trump dice es opinión, es inviolable su derecho a expresarlo y si lo que dice es un delito, será la Justicia y no una empresa privada la que debe decidir. Así de simple.
La mayoría de los especialistas acuerda que la libertad de expresión no tiene límites: «Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».
La Corte Suprema norteamericana hace una sutil pero necesaria distinción en lo que llama «fighting words» (palabras de pelea) y sostiene el criterio que la libertad de expresión puede limitarse ante la incitación al odio y no en la mera manifestación de ideas u opiniones odiosas.
Al respecto, hay una formalidad institucional que lo refiere y es un fallo del Tribunal europeo, conocido como Sentencia 235/2007 «Caso Librería Europa», donde el tribunal mantiene que «nuestro ordenamiento constitucional no permite tipificar como delito la mera transmisión de ideas, ni siquiera en los casos en que se trate de ideas execrables por resultar contrarias a la dignidad humana.
Lo cierto es que puede haber interpretaciones diversas sobre lo que significa la libertad de expresión, pero nadie pone en duda que es uno de los derechos humanos más preciados.
Lo que intentamos poner en valor y sí debe preocupar es que tamaña dimensión legal sea manejada por empresas privadas, ya que eso es riesgoso para los pactos democráticos de las sociedades. Más allá de Trump.
