¡Qué difícil eludir la tentación de la palabra excesiva y descalificadora! Aun dentro de parámetros ausentes de groserías y vulgaridades, pero palabras que en su propio significante carguen la condena que inmediatamente su significado aprobará.
La inédita sucesión de iniquidades emanadas desde el gobierno nacional, en la forma de decisiones públicas que acompañan el sentido principal del mandatario vigente, quien claramente dijo que “venía a destruir el Estado desde adentro”. Y, lo está cumpliendo, por eso destruye activos humanos y estratégicos que hacen a la historia argentina y a su Estado Nacional, como las jubilaciones, las Universidades, la obra pública reparadora en provincias necesitadas, el empleo público, la presencia ineludible del Estado en servicios de salud y atención de enfermedades, la desaparición de organismos que, aún con discutibles calidades de actividad, hacen al funcionamiento de la administración, el desmantelamiento de la inteligencia aplicada con el abandono del Proyecto Carem, único reactor núcleo energético 100% argentino, o sea todo lo que es parte de lo que “vino a destruir”, lo destruye.
Todo esto, nos vuelve al comienzo de estas líneas, y la puteada, asoma filosa y categórica en la punta de la lengua. ¡Pero no! Esta vez, sin invalidar las posibilidades del vituperio, hoy veamos, desde otras alternativas del lenguaje como decir que este gobierno, Milei, LLA y sus ministros y funcionarios no están cumpliendo el sentido que hace a la conducción institucional y legal de un pais.
El bien común, teniendo muchos sentidos, se aplica mayormente a lo que es bueno y beneficioso para los integrantes de una comunidad.
La búsqueda, por parte de los gobiernos, y la defensa por parte de las sociedades del bien común es premisa para el progreso social y la convivencia armónica y obliga al Estado a garantizar, mediante herramientas claras, su alcance. E incluso, con la facultad “ius puniendi” de obligar rumbos para su logro y respetar y obtener lo socialmente valioso. Eso se entiende como el mejoramiento constante en la calidad de vida, que el Estado tiene obligación de promover y garantizar. Entonces, es función del Estado, defender y promover el bien común.
Ya Cicerón en su Pro Sestio decía que la colaboración social en la busca del bien común exige la “dignitas y el otium” que es la armonía entre los valores ideales y los materiales.
Aún Platón, que le da cierta entidad moral a la mentira, la ubica como parte de la búsqueda del bien común ya que justifica la “noble mentira que sirve como herramienta del gobierno para el bien común”. (Hoy en Argentina, la mentira es valor habitual del gobierno, sin cercanía alguna con el bien común).
Santo Tomas de Aquino en su “De Reg. Princ I.15” dice que vale la unidad del hombre formada por la naturaleza, pero prioriza la unidad de la sociedad como dato para la paz. O sea que lo individual cede preminencia ante las valoraciones comunitarias. Algo muy similar a lo que dijo un general que fue filósofo y docente conceptual “nadie se realiza en una sociedad que no se realiza”. Los individualismos procurados por la ideología libertaria, son ajenos, a la cultura nacional, pero tambien a los pensamientos más lúcidos de todos los tiempos.
El bien común es lo que da sentido a la idea de legitimidad política. ¿Por qué motivo tendría legitimidad, más allá del origen, un gobierno que día a día atenta contra el bien común?
El Papa León XIII en su Encíclica Inmortale Dei de 1885, ya afirmaba que solo en las sociedades con bien común, el hombre alcanza la perfección de su ser y que la “comunidad social no es una opción, es una exigencia de la naturaleza misma”: “Institum homini naturam est, ut in civile societatis vivat”.
Desde distintas vertientes del pensamiento, y desde hace miles de años se habla sobre el valor negativo de la desigualdad y la exclusión, que además de empobrecer, dificultan una cierta democratización de las sociedades y la observación firme de los DDHH.
La indiferencia gubernamental libertaria, ante “perdedores sociales” como son los expulsados de sus trabajos, carentes de medicinas y viviendas dignas, solo por dar pocos ejemplos, hoy en nuestro pais, está extendida y profundizada. Y lo que es más doloroso, naturalizada.
La no observancia del bien común, como dato mínimo de justicia, tema que debe ser tenido en cuenta por todo gobierno legal, conforma un territorio de conflicto donde ese gobierno incumplidor se coloca en contra de su propio pueblo, agravia a la comunidad que dirige.
Sin caer en delirios heredados de años delirantes, y entendiendo que aun la persistencia de factores permanentes que dieron origen a experiencias de violencia, en la década del 70, no son condición hoy para repetir esas negativas y fallidas formas, sí aparece a la luz de todo lo dicho, la legalidad de resistir, oponerse y hasta desobedecer a los gobiernos que violentan la delegación popular otorgada.
Esto es valorado desde el antiguo derecho romano, que sostiene la permisividad de confrontar del pueblo cuando los gobernantes representan una amenaza para el bien común, hasta la tradición del derecho natural que en Santo Tomas sostiene la validez legal de enfrentar un gobierno que no persigue el bien común sino el interés particular del gobernante, pasando por la Escolástica española de los siglos 16 y 17 hasta la Constitución argentina de 1853 y sus reformas.
Y esto es así pues el valor de la disconformidad de gobernados con sus gobernantes, es ya en el iusnaturalismo racionalista, un derecho subjetivo anterior al contrato social. E incluso, Thomas Hobbes en su modelo absolutista del Leviatán, donde las sociedades renuncian a todos sus derechos mediante el pacto que construye una sociedad civil, aun en este modelo, el autor deja que el individuo mantenga en posesión un derecho básico, el de la resistencia.
Entonces, todo esto, que parece farragoso y ajenos a nuestra realidad, es en verdad un dato clave para comprender el cinismo y oportunismo de dirigentes y legisladores que se la pasan repitiendo que “hay que apoyar al gobierno porqué ganó” o algo peor como hacernos creer que “si le va bien al gobierno, nos irá bien a todos”.
¡Pues no! Démosle valor a tanto pensamiento histórico y serio y “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada” seamos férreos opositores a Milei y su gobierno.
En la legalidad, la institucionalidad y el juego democrático vigente SEAMOS OPOSITORES.
