Pensar hoy en un Estado comprometido con las necesidades del desarrollo nacional, no es una candidez, es poner en claro que el actual modelo del “topo destruyendo el Estado” es una inviabilidad para el buen futuro argentino. Entonces, sin ingenuidad alguna escribimos sobre lo que hay que hacer cuando esta pesadilla libertaria llegue a su fin.
Hacia un Estado estratégico en la era de la disrupción tecnológica: soberanía, regulación y justicia social
Los Estados que integran el núcleo duro del sistema mundial pueden permitirse –en teoría– delegar en el sector privado la investigación, el desarrollo y la aplicación de tecnologías disruptivas que hoy reconfiguran la vida cotidiana, la economía, las comunicaciones y el mundo del trabajo. Sin embargo, no lo hacen. Intervienen activamente, articulando con el mercado pero sin abdicar de su rol rector, porque comprenden que estas áreas definen los intereses nacionales estratégicos del siglo XXI.
Para países como la Argentina, relegados a una condición periférica por el orden global vigente, la ausencia del Estado en el seguimiento y regulación democrática de estos avances no es una opción. La inteligencia artificial, la robótica avanzada, el big data, la computación cuántica, la ciberseguridad y el ecosistema digital no son meros instrumentos técnicos: son vectores de poder que redefinen la soberanía, la estructura productiva y las relaciones sociales. Su gestión no puede quedar librada al arbitrio de actores privados cuyos objetivos, legítimos pero particulares, no coinciden necesariamente con el interés colectivo.
Este desafío exige una respuesta institucional robusta. Claro que no hoy, cuando asistimos al cotidiano intento de destruir el Estado Nacional, pero se puede comenzar desde aproximaciones parlamentarias. No se trata solo de legislar reactivamente, sino de crear valoraciones públicas con capacidad prospectiva, técnica y política para garantizar que el desarrollo tecnológico se alinee con tres principios irrenunciables:
- Soberanía nacional: evitar la dependencia de plataformas y algoritmos controlados por corporaciones o Estados extranjeros.
- Justicia social: impedir que la automatización profundice desigualdades o consagre una nueva «brecha digital».
- Democracia sustantiva: que los ciudadanos no sean meros objetos de explotación de datos, sino sujetos de derechos en el espacio virtual.
La cuarta revolución industrial –o quinta, según la taxonomía que se adopte– no es un fenómeno neutral. Como bien señalan pensadores críticos como Carlota Pérez (*1) o Mariana Mazzucato (*2), cada salto tecnológico históricamente ha redefinido las relaciones de dominación entre naciones y al interior de las sociedades. Hoy, mientras el átomo cede paso al bit y al cúbit como unidades básicas de valor, asistimos a una reconfiguración del trabajo: millones de empleos tradicionales desaparecerán, pero surgirán otros que demandarán una formación disruptiva.
Frente a este escenario, el Estado debe asumir un doble rol:
Como inversor y promotor, articulando al sector científico, las pymes tecnológicas y las universidades para evitar un modelo extractivista de conocimiento.
Como garante, legislando sobre ética algorítmica, propiedad de datos y protección laboral en la economía digital.
Es indispensable vincular la tecnología con las ideas de soberanía y justicia social, todo lo contrario de lo que hoy está haciendo Milei y su gobierno.
Estamos ante un “constructo”, sabemos que existe pero hay dificultades para definirlo. Así es el universo tecnológico que nos rodea. No alcanza con saber que existe, no alcanza con la cotidianeidad usual de la IA, la robótica, OTT, plataformas algorítmicas, la comunicación cuántica, el mundo satelital, 5 G, el Metaverso etc. Todas estas innovaciones hace tiempo manifiestan su presencia en el orbe de la producción y de la economía. Cada uno de esos campos modélicos posee inabarcables limitas, donde no pueden estar ausentes las lógicas y democráticas regulaciones. Y donde, cuando llegue el momento, no puede ni debe estar ausente el Estado Nacional argentino.
Solo la formalidad de la institucionalidad pública puede articular la virtuosa relación entre tecnología e interesas populares, garantizando que los avances científicos no queden “secuestrados” por las élites, que siempre son las primeras apropiadoras de las surgentes tecnologías.
Sin independencia en este campo no existe una verdadera autodeterminación nacional.
La tecnología, también es un campo de batalla político: o se pone al servicio de la redistribución de la riqueza y la dignidad de los trabajadores y la sociedad en su conjunto, o profundiza la dependencia.
