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La libertad de expresiรณn, pilar fundamental de los derechos humanos, garantiza la posibilidad de difundir ideas, opiniones y perspectivas sin censura. Es un derecho esencial para el funcionamiento de cualquier democracia, pues permite el debate pรบblico, el control del poder y la pluralidad de voces. Sin embargo, cuando un lรญder polรญtico como Javier Milei reacciona con ataques desmedidos contra la prensa โllegando a incitar al odio hacia los periodistasโ, no solo vulnera principios รฉticos bรกsicos, sino que incurre en posibles delitos penales y civiles.
Sus declaraciones podrรญan configurar amenazas, tipificadas en el Cรณdigo Penal, asรญ como un ataque directo a la libertad de prensa, valor protegido por tratados internacionales y la Constituciรณn Nacional. Ademรกs, en el รกmbito civil, sus palabras podrรญan derivar en demandas por daรฑos y perjuicios, al generar un clima de hostilidad hacia los comunicadores.
La demonizaciรณn de los medios por parte de figuras pรบblicas no es un gesto inocuo: es una estrategia autoritaria que busca silenciar crรญticas y debilitar uno de los principales contrapesos del poder. En un contexto democrรกtico, el llamado al odio contra la prensa no es solo una provocaciรณn: es un atentado contra la institucionalidad.
