El correo comercial no deseado ya tiene quien le escriba una ley. Hoy se presentaron públicamente tres proyectos en el seno de la Comisión de Comunicación e Informática de la Cámara Baja para tratar de regular los correos electrónicos conocidos como Spam pero con un problema principal: todavía no se sabe qué es el spam o, mejor dicho, no hay una definición clara al respecto. Las iniciativas fueron presentadas por la Diputada Lucrecia Monti, el Diputado Osvaldo Nemirovsci y el Diputado Mauricio Bossa. Las iniciativas contemplan tanto una pena de ocho años de prisión para quienes envíen correos no deseados, una regulación más flexible de la actividad hasta la equiparación de los emails a la correspondencia epistolar. Entérese en esta nota quién es quién en el mundo de Internet y participe de un debate que podría modificar el mundo de las comunicaciones tal cual es conocido hoy en día (al menos en Argentina)
El principal problema a la hora de hablar sobre el Spam es que, en realidad, nadie sabe cómo definirlo. ¿Correo basura, publicidad engañosa, correo con publicidad no deseada? Lo que es Spam para una persona puede que no lo sea para otra. Este problema gramatical (con toda la carga ideológica que posee una palabra) fue discutido hoy en el seno de la Comisión de Comunicación e Informática de la Cámara Baja, que organizó una Jornada sobre el régimen legal del correo electrónico con el objetivo de recabar las opiniones de los sectores interesados.
Los proyectos de Ley para regular el correo electrónico son tres: el de Lucrecia Monti, autora de la iniciativa 2841-d-04; el de Osvaldo Nemirovsci, autor de la iniciativa 5932-D-04; y el de Mauricio Bossa, autor de la iniciativa 5828-D-04. Canal AR estuvo presente en la Jornada y a continuación presenta algunas definiciones sobre los tres proyectos.
Básicamente, el espíritu de este proyecto entiende el servicio de Internet y la correspondencia electrónica como una forma más de comunicación social. Según expresó la diputada, “había una demanda de los usuarios que empezó a notarse en mayo de 2004, que fue cuando presenté el proyecto. El espíritu de esta ley es la defensa profunda a la libertad de expresión, la no censura y la defensa de los usuarios contemplada en la ley de defensa del consumidor”.
«Básicamente, este proyecto plantea el tutelaje del correo electrónico para proteger los derechos de los usuarios y la libertad de expresión del ciudadano y evitar posibles delitos», explicó el Diputado. En los fundamentos del proyecto de ley, el autor indica que con «esta iniciativa se procura controlar la proliferación de este tipo de correo, al tiempo que se proporcionan herramientas para quienes deseen luchar contra este tipo de correo. No se propone prohibir expresamente la publicidad por correo electrónico, aunque se protege a aquél usuario que no tiene interés en recibir publicidad».
Para este diputado, el Spam es algo difícil de regular teniendo en cuenta el arte de la tecnología. Su proyecto está inspirado en la ley anti spam norteamericana y contiene distintas directrices: identificación del correo comercial y sexualmente orientado; necesidad de crear un registro de no correos de spams; autorización a los ISPs para cobrar por el Spam y la tipificación de delitos (de uno a ocho años).
Problema de definición:
Damian Loreti, abogado especialista en comunicaciones y director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Faculta de Ciencias Sociales (UBA), estuvo presente en la Jornada de debate y opinó: «Tengo más dudas que certezas pero partiría con una frase de un profesor canadiense: Internet no es un lugar donde las leyes no existan. Es decir, no hay que hacer toda la legislación nuevamente. Las tecnologías pueden ser el objeto regulado, o el medio a través del cual se realizan conductas humanas. Creo que hay que regular solamente las conductas. En el mejor de los casos, regular cuando la tecnología sea el objeto a proteger».
Como se dijo al principio, los proyectos para regular el correo no deseado presentan los desafíos de las definiciones (o las indefiniciones en el peor de los casos). «Otra de las dudas –continuó Loreti- es si no estamos planteando el fortalecimiento de los que ya están instalados en la red en contra de los que no lo están. Con esto quiero decir que, por ejemplo, cuando uno entra en la página de un ISP (pago) puede encontrarse con un cartel grande con contenido publicitario que impide la navegación sobre la página. Tengo dudas de si este caso es definido como Spam en los proyectos que se están manejando».
Para el abogado especialista en derecho de las nuevas tecnologías y protección de datos personales, Daniel Monastersky, también hay que ser cuidadosos en la definición del objeto de esta ley. “Sería mejor hablar de sistemas de información, una definición que engloba tanto el hardware, el software y la estructura de datos, es decir, la forma en que cada usuario utiliza esos datos”, indicó Monastersky.
Por su parte, Sonia Boiarov, directora del Centro de Teletrabajo y Teleformación de la Carrera de Recursos Humanos de la Facultad de Sociales (UBA), se opuso a la regulación, sobre todo al proyecto del Diputado Bossa, principalmente por los alcances de su definición, en los que expresa la prohibición de la difusión de ideas a través del Spam.
En este sentido, Alejandro Fargosi, presidente de la Asociación Argentina de Derecho de las Telecomunicaciones, polemizó: «¿Es legal el spam? ¿Podemos imaginar hacer política sin el spam? No me parece que el Spam sea el nuevo Eje del Mal; se lo sufre pero puede existir el spam bueno. Antes de regular, deberíamos ver cómo hacen otros países, por ejemplo en la Comunidad Europea, los Estados Unidos o en Chile. El derecho debe seguir a los hechos y no al revés«.
Definiciones políticas:
Internet es hoy un campo de experimentación pero en el futuro no muy lejano será la herramienta para que los países puedan potenciar sus capacidades productivas. Cualquier tipo de regulación sobre esta herramienta debería estar cotejada por un marco directriz bien definido. Es decir, debería existir una política de Estado que defina los objetivos de máxima para que las leyes que se promulguen tengan sentido y no se pierdan en el ciberespacio. Todavía no se definieron las políticas de Estado en relación a Internet; sin embargo, distintos sectores de la sociedad ya quieren regular de alguna manera la actividad, como es el caso de los tres proyectos puestos en discusión. Habrá que apurarse, o si no, la Ley se quedará sin una Política marco.
